Pocos giros políticos han generado tanto debate en América Latina como el de El Salvador bajo Nayib Bukele. En apenas unos años, el país pasó de encabezar las listas de las naciones más violentas del planeta a presumir de unas cifras de homicidios entre las más bajas de la región. Para muchos salvadoreños ha sido un alivio histórico; para diversos organismos internacionales, un motivo de preocupación por el coste en derechos y contrapesos democráticos. Conviene mirar el caso con datos y sin propaganda, exponiendo tanto los logros que se le atribuyen como las críticas que recibe.
El país de las maras
Para entender el presente hay que recordar de dónde viene El Salvador. Durante décadas, el país estuvo dominado por el poder de las maras, grandes pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, con decenas de miles de miembros. Controlaban barrios enteros, imponían fronteras invisibles que la gente cruzaba con miedo y financiaban su actividad mediante la extorsión sistemática a comercios, transportistas y familias. El pago del llamado impuesto era, para muchos, una condición para seguir con vida.
Las cifras de violencia fueron sobrecogedoras. En 2015, El Salvador registró una tasa de homicidios de alrededor de 103 por cada cien mil habitantes, una de las más altas del mundo para un país sin guerra declarada. La vida cotidiana estaba marcada por el temor, los desplazamientos forzados y la emigración de quienes huían de la amenaza. Ese trasfondo de sufrimiento prolongado es imprescindible para comprender por qué muchos salvadoreños recibieron con esperanza cualquier promesa creíble de seguridad.
La irrupción de Bukele
Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019 rompiendo el turno de los dos grandes partidos que habían gobernado desde el fin de la guerra civil. Joven, hábil en las redes sociales y con un discurso de renovación, se presentó como una figura ajena al establecimiento tradicional. Su estilo directo y su comunicación constante conectaron con una parte importante de la ciudadanía, cansada de la inseguridad y de la política de siempre.
Desde el inicio situó la seguridad en el centro de su gestión, con un plan gubernamental de recuperación territorial por fases. Los primeros años combinaron distintas estrategias y una comunicación muy cuidada de los resultados. Pero el giro más drástico, y también el más polémico, llegaría en 2022, cuando un repunte súbito de la violencia empujó al Gobierno a adoptar medidas excepcionales que cambiarían por completo el panorama del país.
El régimen de excepción de 2022
A finales de marzo de 2022, El Salvador vivió un fin de semana con decenas de asesinatos, uno de los más sangrientos de su historia reciente. En respuesta, el Gobierno solicitó y obtuvo de la Asamblea Legislativa la declaración de un régimen de excepción, que suspendía temporalmente algunas garantías constitucionales, como ciertos límites a la detención. Lejos de ser una medida puntual, se ha prorrogado de forma reiterada mes tras mes, convirtiéndose en el marco permanente de la política de seguridad.
Bajo este régimen se han producido detenciones masivas: las autoridades cifran en decenas de miles las personas arrestadas por presuntos vínculos con las pandillas, superando con holgura las setenta y cinco mil. Para albergarlas, el Gobierno construyó una enorme prisión de máxima seguridad, conocida como el CECOT, presentada como símbolo de su mano dura contra las maras. Las imágenes de reclusos concentrados en sus instalaciones dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en emblema del nuevo rumbo del país.
El modelo se ha sostenido, además, sobre un fuerte despliegue de policías y militares en las calles y en operativos que llegaron a cercar barrios enteros durante días. El Gobierno lo presenta como la recuperación de un territorio que durante años estuvo en manos de las pandillas, y subraya que se trata de una situación transitoria. Sus detractores, en cambio, advierten del riesgo de normalizar la presencia militar en tareas de seguridad ciudadana y de prolongar de forma indefinida una medida concebida como excepcional. Sea cual sea la lectura, lo cierto es que el régimen de excepción reconfiguró en muy poco tiempo la relación entre el Estado, la fuerza pública y la población salvadoreña.
La caída de los homicidios
El dato que el Gobierno exhibe con más orgullo es la drástica reducción de la violencia. Las cifras oficiales de homicidios se desplomaron hasta situar a El Salvador entre los países con menor tasa del continente, un vuelco difícil de imaginar apenas unos años antes. Muchos vecindarios que vivían bajo el control de las pandillas recuperaron una calma antes impensable, y actividades cotidianas como abrir un negocio o transitar por ciertas zonas dejaron de estar sometidas al miedo constante.
Este descenso, reconocido incluso por observadores externos, es el principal argumento de quienes defienden la gestión. Para amplios sectores de la población, poder caminar por la calle sin temor representa un cambio tangible en su vida diaria después de generaciones marcadas por el terror. Es un hecho verificable que ayuda a explicar el enorme respaldo interno, más allá de las valoraciones que merezcan los métodos empleados para lograrlo.
Por qué Bukele es tan popular
La popularidad de Bukele dentro de El Salvador ha sido y sigue siendo altísima, con niveles de aprobación que en distintas encuestas se han situado entre los más elevados del hemisferio. En 2024 fue reelegido por una amplia mayoría, en unos comicios que ratificaron su apoyo social. Para entenderlo hay que ponerse en la piel de quien vivió décadas de extorsión y miedo: la sensación de seguridad recuperada pesa, para mucha gente, más que cualquier otra consideración.
Su influencia trasciende las fronteras salvadoreñas. En varios países de América Latina, azotados también por la delincuencia, hay quienes miran el modelo Bukele con admiración y reclaman soluciones parecidas. Esa proyección regional ha convertido su figura en un referente para un sector de la opinión pública que prioriza los resultados en materia de seguridad. Su dominio de la comunicación y de las redes sociales ha amplificado aún más ese fenómeno.
Las preocupaciones por los derechos humanos
Frente a ese entusiasmo existe un debate legítimo que no puede ignorarse. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, falta de garantías en el debido proceso y casos de personas encarceladas sin vínculos probados con las pandillas. También se han reportado condiciones de hacinamiento y muertes de reclusos bajo custodia. Para estas voces, combatir el crimen no debería implicar la suspensión prolongada de derechos básicos.
A ello se suma la inquietud por la erosión de los contrapesos democráticos. Críticos y analistas señalan la concentración de poder, los cambios en la composición de altas instancias judiciales y la controversia jurídica en torno a la reelección presidencial. Así, el caso salvadoreño se lee de dos maneras difícilmente conciliables: como un éxito rotundo en seguridad que ha devuelto la paz a la población, o como un experimento que sacrifica garantías individuales e institucionales en nombre del orden.
Un debate abierto
El fenómeno Bukele plantea uno de los dilemas más incómodos de la política contemporánea: hasta dónde es aceptable llegar en nombre de la seguridad, y qué precio están dispuestas a pagar las sociedades por sentirse a salvo. Los datos sobre la caída de la violencia son reales, y también lo son las advertencias sobre derechos y equilibrios democráticos. Ambas cosas conviven en el mismo relato y no se anulan entre sí.
Por eso el caso de El Salvador no admite lecturas simples ni conclusiones triunfalistas en ninguna dirección. Es, sobre todo, un debate abierto cuyo desenlace dependerá del rumbo que tome el país en los próximos años y de si los logros en seguridad logran sostenerse junto a las libertades y las instituciones. Observarlo con datos, sin propaganda a favor ni en contra, es la mejor forma de comprender un fenómeno que ya interpela a toda la región.
